El impacto de las leyes restrictivas a las ONG de derechos humanos: un análisis crítico

Noticias recientes de Nicaragua nos informan que el presidente Nayib Bukele está promoviendo una ley para que las ONG paguen un impuesto del 30% de lo que reciben del extranjero. De acuerdo con la fuente (El Comercio de Lima) el anuncio lo hizo luego de que una protesta ciudadana llegara cerca de su residencia, y se inserta en una escalada autoritaria que vive este país centroamericano.

En nuestro país recientemente se ha aprobado la Ley N° 32301, que es conocida popularmente como la "ley anti-ONG" o "ley mordaza". Esta ley exige la autorización previa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para las actividades y proyectos de la sociedad civil que reciben fondos de cooperación internacional. 

La ley —promulgada por una gobernante que posee el 2% de aprobación ciudadana— tiene como objetivo principal controlar y fiscalizar a las ONG que operan en el país, con el fin de “asegurar que sus actividades no promuevan el odio o la desunión”. La ley también requiere que las ONG rindan cuentas ante un tribunal de la cancillería sobre si su misión "se ajusta a los intereses del país". 

La ley ha generado controversia y críticas, especialmente por parte de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, quienes la consideran una amenaza para la libertad de expresión y la democracia. Argumentan que la ley restringe la capacidad de las ONG para trabajar y recibir fondos, lo que puede afectar su capacidad para defender los derechos humanos y las demandas de las poblaciones vulnerables. 

En las siguientes líneas vamos a hacer un análisis crítico de estas políticas que constituyen —en sí mismas— obstáculos al funcionamiento de las ONG que defienden derechos humanos; y lo vamos a hacer porque creemos que su funcionamiento es crucial para la salud de la democracia y la protección de las personas. Veamos:

1. Violación de normas internacionales de derechos humanos

La restricción a las ONG de derechos humanos contradice directamente los compromisos internacionales que la mayoría de los gobiernos han adquirido. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan la libertad de asociación y expresión. Cuando un gobierno obstaculiza a estas organizaciones, está incumpliendo sus propias obligaciones legales y morales ante la comunidad internacional.

2. Debilitamiento de la democracia y el estado de derecho

Las ONG actúan como un contrapeso esencial al poder estatal. Al monitorear, denunciar abusos y proponer reformas, fortalecen la rendición de cuentas y la transparencia. Limitar su trabajo debilita las instituciones democráticas, fomenta la opacidad y abre la puerta a la impunidad. Sin estas voces críticas, la ciudadanía pierde un mecanismo vital para exigir sus derechos y supervisar a sus gobernantes.

3. Negación de asistencia y protección a las víctimas

En muchos casos, las ONG son la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ofrecen asistencia legal, apoyo psicológico, refugio y visibilizan situaciones que de otro modo permanecerían ocultas. Obstaculizar su labor significa dejar a estas personas en la indefensión y perpetuar el sufrimiento, lo cual es inaceptable desde una perspectiva humanitaria.

4. Tiene un impacto negativo en la cooperación internacional y el desarrollo

Muchos gobiernos y organismos internacionales colaboran con las ONG para implementar programas de desarrollo, salud, educación y derechos humanos. Las restricciones gubernamentales dañan estas asociaciones, disminuyendo la ayuda internacional y frenando el progreso en áreas críticas. Esto afecta directamente a las poblaciones más vulnerables que se benefician de la labor de estas organizaciones.

5. Erosiona la credibilidad y legitimidad del gobierno

Un gobierno que persigue, obstaculiza o restringe a las ONG de derechos humanos envía una señal clara: no está dispuesto a ser escrutado ni a respetar las libertades fundamentales. Esto deteriora su imagen a nivel nacional e internacional, afectando su capacidad para establecer alianzas, atraer inversiones y ser reconocido como un actor responsable en la comunidad global. La supresión de la sociedad civil es a menudo un indicador de regímenes autoritarios o en declive.

6. Fomenta la desconfianza y la polarización social

Al estigmatizar a las ONG, los gobiernos siembran la desconfianza y la polarización dentro de la sociedad. Esto puede llevar a la criminalización de defensores de derechos humanos y a una disminución del espacio cívico para el debate y la participación. Una sociedad donde las voces críticas son silenciadas es una sociedad menos libre y más propensa a conflictos internos.

Esperemos que el desarrollo de estas ideas pueda ayudar no solo a comprender, sino también a movilizar la opinión pública y la presión internacional contra los obstáculos que enfrentan las ONG de derechos humanos.